Desde Signes y Uribe abogados estamos consternados por la noticia del reciente fallecimiento del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado en mayo de 2025, que ha conmocionado a la opinión pública internacional. Más allá del contexto colombiano, este hecho plantea una pregunta: ¿podría suceder algo así en España?
Como Borja Signes Bonet, experto en derecho penal, y desde nuestro despacho, consideramos que la violencia política que se esta viviendo no es un problema exclusivo de otros países y que nuestro marco jurídico y de seguridad debe anticiparse para evitar estas tragedias.
1. Qué ocurrió en Colombia
Miguel Uribe Turbay fue tiroteado durante un acto político y, tras más de dos meses hospitalizado, ha fallecido por causa de las heridas que sufrió. El ataque se produjo a pesar de su relevancia pública y del contexto electoral, lo que evidencia fallos graves en la protección de líderes políticos.
Este caso recuerda que la violencia como herramienta para acallar adversarios políticos sigue existiendo, incluso en democracias consolidadas.
2. España no es inmune
En España, hemos vivido episodios de violencia política, aunque menos frecuentes en las últimas décadas:
- El asesinato de miembros del Gobierno y autoridades en la época de ETA.
- Agresiones físicas a dirigentes durante actos públicos.
- Amenazas y coacciones a concejales y parlamentarios.
Aunque la intensidad no sea comparable a ciertos países, el riesgo persiste. La polarización política, el discurso de odio en redes y la desinformación crean un caldo de cultivo que podría desembocar en actos violentos.
3. ¿Qué dice nuestro marco legal?
El Código Penal español castiga con dureza los delitos contra autoridades:
- Art. 550 y ss. CP: atentado contra la autoridad.
- Art. 605 CP: asesinato del Rey o de jefes de Estado extranjeros.
- Art. 611 CP: ataques contra personas internacionalmente protegidas.
Sin embargo, la ley no siempre va acompañada de medidas preventivas eficaces. La protección física de líderes políticos se concentra en cargos estatales y altos mandatarios, dejando más expuestos a dirigentes locales o emergentes.
4. Lecciones del caso Uribe para España
Como abogado penalista, extraigo tres lecciones claras que deberíamos aplicar:
- Protocolos de seguridad más amplios
No solo para cargos de primer nivel: los líderes regionales, candidatos y portavoces en campañas deben tener cobertura preventiva. - Evaluación de riesgos en actos públicos
Estudio previo de localizaciones, control de accesos y personal especializado en seguridad, incluso en eventos pequeños. - Protección digital y monitorización de amenazas
Muchas agresiones físicas comienzan con amenazas online. Es clave la colaboración entre fuerzas de seguridad y plataformas tecnológicas para detectarlas.
5. Opinión profesional
El caso Uribe demuestra que la violencia política no desaparece por decreto ni por tradición democrática. España debe blindar sus instituciones y a quienes las representan, sin importar el partido, el cargo o la ideología.
Como Borja Signes Bonet, abogado penalista en Valencia, creo que la prevención es la mejor defensa: protocolos sólidos, formación en seguridad y una respuesta penal rápida y ejemplarizante para disuadir cualquier intento de atentar contra la vida o integridad de un representante público.
6. Conclusión
No podemos caer en la falsa sensación de que “aquí no pasa”. La democracia se defiende también protegiendo físicamente a quienes participan en ella. El caso de Miguel Uribe Turbay es una advertencia internacional que España haría bien en escuchar.
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