1. Contexto actual: una ola de incendios sin precedentes
En agosto de 2025, España sufre una grave ola de incendios forestales y urbanos que afecta a numerosas comunidades: Galicia, Castilla y León, Extremadura, Asturias, Madrid, Andalucía y más.
Hasta la fecha, se han quemado más de 25 000 hectáreas solo en esta ola; desde principios de año, más de 105 000 hectáreas han ardido—una cifra que duplica la del mismo periodo de 2024.
Casos recientes incluyen incendios considerados intencionados, como el ocurrido entre Cuevas del Valle y Mombeltrán (Ávila), cuyo autor fue detenido tras admitir la autoría motivada por “intereses laborales” (Cadena SER).
En Galicia, una mujer de 34 años está siendo investigada por provocar dos incendios, mientras que en A Coruña otra vecina está bajo sospecha por cinco incendios (HuffPost).
2. Marco legal: ¿Qué dice el Código Penal español?
- Artículo 351 CP: sanciona a quienes provoquen un incendio que comporte peligro para la vida o integridad física de las personas con penas de 10 a 20 años de prisión más multa (Código Penal BOE).
- Incendio forestal (art. 352 CP): pena de 1 a 5 años de prisión y multa, que se acumula con el art. 351 si hay riesgo para personas.
- Incendio forestal agravado (art. 353 CP): pena de 3 a 6 años de prisión y multa más alta cuando concurren circunstancias de especial gravedad.
- Incendio frustrado o intento: penas reducidas de 6 meses a 1 año de prisión o multa.
3. Casos jurídicos destacados del verano 2025
- Incendio de Mombeltrán (Ávila): detenido un trabajador forestal por provocar el incendio; enfrenta entre 10 y 20 años de cárcel.
- Investigaciones en Galicia: en curso por incendios provocados; la calificación jurídica dependerá de si hubo riesgo para personas o solo daños ambientales.
4. Claves jurídicas para entender el delito de incendio
- Peligro abstracto: no es necesario que haya víctimas; basta el riesgo objetivo para la vida o integridad de las personas.
- Graduación de la pena: la intención, la existencia de atenuantes o la ausencia de antecedentes pueden reducir la condena.
- Agravantes: extensión del incendio, daño a espacios protegidos o motivación económica pueden endurecer la pena.
- Defensa penal: demostrar que el incendio fue accidental o un conato controlado puede rebajar la condena al rango del intento.
5. Prevención y responsabilidad ciudadana
La mayoría de los incendios forestales son provocados o consecuencia de negligencias. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, está prohibido encender fuego o lanzar petardos a menos de 500 m de zonas forestales, con sanciones económicas elevadas.
La colaboración ciudadana es esencial: avisar de cualquier foco de fuego o actividad sospechosa a las autoridades puede evitar tragedias mayores.
6. Opinión de Borja Signes Bonet – Signes & Uribe Abogados
En Signes & Uribe Abogados, y en mi experiencia personal como abogado penalista, considero que el delito de incendio —sobre todo cuando es intencionado y pone en riesgo vidas humanas— requiere una respuesta judicial firme y sin concesiones.
He comprobado en la práctica que el éxito procesal no depende solo de aplicar las penas más severas, sino también de garantizar investigaciones exhaustivas que identifiquen con certeza a los responsables y eviten la impunidad.
Ante la actual ola de incendios provocados que arrasa miles de hectáreas en España, creo imprescindible:
- Reforzar los medios de prevención y detección temprana.
- Mejorar la coordinación entre cuerpos policiales, brigadas y juzgados.
- Aplicar con rigor las agravantes previstas en el Código Penal.
- Desarrollar campañas intensivas de concienciación ciudadana.
Nuestro despacho está comprometido tanto en defender los derechos de quienes resulten injustamente acusados como en representar con firmeza a las víctimas y afectados para que se haga justicia y se reparen los daños sufridos.
La protección del medio ambiente y de la vida humana es una prioridad jurídica y social que no admite demora.